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El presidente de la Academia de la Magistratura (Amag) y fiscal supremo Pablo Sánchez detalla en esta entrevista a Perú21 lo que es trabajar durante el estado de emergencia. El aislamiento social obligatorio ha frenado sus actividades en el Ministerio Público pero ya ha proyectado su labor para cuando esta etapa excepcional culmine.
La Amag comunicó que está coordinando con la Junta Nacional de Justicia para implementar la evaluación parcial de jueces y fiscales. ¿en qué consiste esto?
La ley establece que los jueces y fiscales titulares son evaluados cada siete años, pero cada tres años y medios se realiza esta evaluación parcial para ver cómo se desarrolla su labor. Ese trabajo la estamos realizando por primera vez con la JNJ.
¿Y cómo están coordinando en esta etapa de cuarentena?
Estamos usando una plataforma virtual que tenemos en la Academia. Tenemos reuniones digitales, cada uno desde su casa hemos coordinando la implementación de lo que será la evaluación.
¿Qué aspectos de la labor de los magistrados se evaluará?
Lo que vemos es si ellos necesitan algún tipo de apoyo académico, si en sus decisiones judiciales se nota alguna falta de capacitación o preparación. La Academia toma nota, comunica a la Junta y fomenta la realización de cursos para los magistrados. No se trata de una sanción ni separación de sus funciones, se trata de un espacio de capacitación. Para eso se necesita elaborar reglamentos y pautas para saber qué se ejecutará.
¿Y cuándo proyectan aplicar estos métodos?
Primero nos vamos a reunir para ver cómo lo aplicaremos porque queremos crear en la Academia un nuevo equipo de profesionales de investigación y que solucione los conflictos en el trabajo de los jueces y fiscales. Es una tarea nueva en la Amag que necesitará de un presupuesto aprobado por el gobierno.
Usted también es fiscal supremo. ¿Cómo está trabajando en el estado de emergencia? ¿hay algún avance en sus casos?
Las investigaciones a mi cargo están paralizadas porque las funciones del Ministerio Público están suspendidas por la cuarentena. En esa situación está el caso Cuellos Blancos.
Pero con la ampliación de la cuarentena, ¿ha hecho un replanteamiento?
Lo que pasa es que en este contexto no se pueden ejecutar diligencias, salvo casos excepcionales. Este es un paréntesis, se cierra ese paréntesis y seguimos trabajando como si fuera el día siguiente (al día antes del inicio del estado de emergencia). Teníamos más de mil diligencias programadas, pero si el Poder Judicial convoca a una audiencia que considere urgente entonces asistiremos.
Después de haber elevado un informe contra el fiscal supremo Tomás Gálvez, ¿ya está culminando alguna investigación pendiente a otro miembro de Los Cuellos Blancos del Puerto?
Estamos elaborando otro informe pero tendrá que aplazarse su presentación. Aunque pienso que, tras culminar el estado de emergencia, en tres o cuatro semanas tendré un segundo informe contra otro grupo de investigados.
¿Usted pretende que cada informe que eleve a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se convierta en una denuncia constitucional ante el Congreso?
Ese es el entendido formal. A mí me encomiendan investigar y yo cumplo con eso. Presento mis informes y la doctora (Zoraida Ávalos) lo tiene que evaluar.
Resultaría extraño que Ávalos no denuncie ante el Parlamento a los fiscales y jueces supremos habiendo ya una hipótesis que confirma la existencia de una red criminal.
Nosotros hacemos una calificación jurídica, pero la fiscal de la Nación puede discrepar o ampliar investigación. Si esto llegara al Congreso, la evaluación ya en esa instancia es política. Nuestro trabajo es estrictamente técnico.
Los investigados también pueden replantear sus estrategias de defensa durante la cuarentena.
Lo que permite el estado de emergencia es que todas las partes evalúen mejor sus estrategias.
Fuente: Diario Perú 21
